Una alianza regional es indispensable para sostener un horizonte de inclusión, igualdad y calidad de vida para nuestros pueblos.
Mercedes D’Alessandro es Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, fue la primera Directora Nacional de Economía Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2019-2022). Actualmente es Directora de la carrera de Licenciatura en Economía de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y se desempeña como consultora económica.
Mientras tuvo a cargo la Dirección en el Ministerio de Economía, Mercedes implementó por primera vez en la Argentina el presupuesto con perspectiva de género, una herramienta transformadora de la política pública, que incorpora el análisis de género en todo el proceso presupuestario en pos de asegurar el acceso a derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ y al cierre de brechas de desigualdad de género.
A propósito, Chaco es una de las primeras provincias que se unió a esta iniciativa, siendo el 2023 el tercer año consecutivo que cuenta con presupuesto con perspectiva de género. Lo que implica la aplicación de una metodología que puede identificar el porcentaje del dinero asignado a las partidas presupuestarias que contribuyen a cerrar brechas de género.
En su última visita a Chaco, el pasado jueves 13 de abril, Mercedes compartió junto a la Vicegobernadora y al Ministro de Planificación, Economía, e Infraestructura una jornada para comunicar a los chaqueños y chaqueñas cuáles fueron los avances y desafíos en la implementación de esta herramienta.
En esta ocasión la economista resaltó la necesidad de seguir sosteniendo este tipo de políticas frente a contextos económicos y sociales como el actual, al que se refirió como una “policrisis” haciendo hincapié en el aumento de la deuda, la precariedad laboral y la inflación, hasta el cambio climático y la inseguridad alimentaria. Sumado a la preocupación de la avanzada, en época electoral, de una oposición de derecha y extrema derecha que asegura poner fin al acceso de los derechos de mujeres y diversidades por los cuales la actual gestión, de la cual formó parte hasta 2022, ha venido trabajando arduamente. Conversamos con ella al respecto.
En tu presentación de hoy mencionaste que las brechas de desigualdad económica y social que tenemos hoy, se vieron profundizadas tanto por la pandemia como por la deuda con el FMI, ¿podrías explicar un poco más al respecto?
El último acuerdo que firmó Argentina con el Fondo Monetario Internacional tiene un poco más de un año y es el resultado de una gestión pésima y paupérrima del macrismo en su etapa de gobierno, que termina dejando a la Argentina con el préstamo más grande en la historia del FMI.
Sin embargo, no tenemos mucha información de que sucedió con ese dinero. Lo que sí sabemos es que hubo una importante fuga de capitales en los últimos dos años del período de Mauricio Macri.
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner entra en una situación en la cual hay un endeudamiento gigantesco. En este marco, también aparece la pandemia.
Una parte de la deuda es con bonistas privados, se “resuelve” durante el primer año de gestión del Ministerio de Economía. Durante el segundo año, con pandemia todavía, se negocia este acuerdo con el FMI. Lo que se consigue es una especie de reestructuración que consiste en que durante unos años el FMI establece determinadas metas que hay que cumplir. Esas metas pasan por revisiones trimestrales, quiere decir que cada tres meses funcionarios del FMI revisan si el país cumplió con las metas y en función de eso se realizan desembolsos. Si el país cumple con las metas el FMI te desembolsa el equivalente de lo que tiene que pagar. Es decir, Argentina hasta ahora no ha pagado dólares de sus arcas, sino que con el cumplimiento de las metas, el FMI le ha dado el dinero para repagar. El problema que empieza a aparecer en el horizonte próximo es de sostenibilidad, ya para el fin de este año y los años próximos, es que Argentina debería empezar a pagar con recursos propios.
Este programa se firma justo un mes después de que empieza la guerra entre Ucrania y Rusia, con lo cual de alguna manera ya se firma con un panorama que había cambiado, no solamente para la Argentina sino también para el mundo, de una manera que era difícil de prever en el momento y con consecuencias que todavía impactan en la economía mundial y local.
Por eso es que se han ido repautando algunos de los objetivos y prioridades. Al respecto han habido muchas conversaciones en el marco de ese acuerdo y lo cierto es que hoy, a poco más de un año de su firma, está la gran disyuntiva de cómo seguir en este camino.
Desde que se firma el acuerdo, la coalición de gobierno, el Frente de Todos, no tiene una misma opinión o una posición de consenso en torno a si ese acuerdo está bien o está mal, en torno a cuáles son las condiciones aceptables del acuerdo y qué se debería hacer en adelante con el mismo.
Es un acuerdo que se firmó, desde mi punto de vista, tarde. Se firmó en un momento en que ya era difícil de cumplir. Con el transcurso de la crisis que se fue desarrollando durante todo el año pasado y ahora con la gran sequía que está sufriendo Argentina se hace muy difícil el cumplimiento de ese acuerdo. En él, se establecen metas que obligan a la Argentina a ir por un sendero sin salida, ya que no hay expectativas de que el país crezca de una manera exorbitante y que se acumule una cantidad de dólares suficiente como para poder pagarle al FMI y, al mismo tiempo, sostener las partidas de inversión social, en infraestructura o desarrollo.
Por otro lado, hay una gran disyuntiva en torno a qué significa seguir sosteniendo este acuerdo con el FMI e, incluso, si realmente se puede seguir sosteniendo este acuerdo en términos fácticos.
¿Qué implicancias tuvo eso en la desigualdad económica y social?
En la última de las revisiones, el FMI insiste con reducir los subsidios en la energía. Una de las cosas que se comprometió a hacer Argentina es la segmentación de tarifas. Para ello, se había hecho un diagnóstico en donde se mostraba que los subsidios eran una porción muy grande del PBI y entonces había que disminuir el gasto en este sector. También se observó con ese diagnóstico que las tarifas actuales son pro ricos; es decir, hay personas que tienen mucho dinero y que pagan tarifas muy bajas por la energía. Por lo tanto, no solo se debería actualizar toda la masa de tarifas, sino además focalizar en que los sectores más vulnerables paguen menos y que los que tienen más dinero paguen la tarifa plena a lo que corresponde. Pero esto todavía no avanzó sustancialmente (e incluso en este contexto inflacionario podría ser problemático).
Además, en medio de este acuerdo, se suscitó la crisis de Rusia y Ucrania que aumentó el precio de los combustibles y la energía a nivel mundial. Esta situación puso en riesgo a Argentina que, si bien avanzó y dió unos primeros pasos en la segmentación, todavía no ha hecho grandes ahorros en este sentido y esa es una de las cuestiones en que el FMI pide avanzar fuertemente.
Otra de las medidas que el FMI recomienda en este momento tiene que ver con reducciones en lo que ellos llaman gasto social, nosotros le decimos inversión. Inversión social orientada a sostener a una población que está vulnerada de sus derechos alimentarios, de trabajo, de condiciones de vida, etc.
En la última revisión habla explícitamente de dos cosas: los planes sociales y las jubilaciones. Entre los planes sociales, hacen foco en el Potenciar Trabajo, una de las políticas más importantes que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Este programa alcanza a más de un millón doscientos mil trabajadores y trabajadoras de la economía popular, muchos de ellos ocupados en unidades productivas, otros autoempleados.
El programa Potenciar Trabajo ha crecido en la gestión anterior (de Macri) y también tuvo un gran crecimiento en la gestión actual, producto de la crisis que trajo la pandemia. Sin embargo, es importante comprender que hoy en día es el único sostenimiento con el que cuentan muchísimas personas que de este modo complementan ingresos informales.
No obstante, el FMI pide que el programa focalice su población destinataria. Básicamente, lo que piden es que se armen prioridades y se recorten alrededor de cuatrocientos mil beneficiarios de este programa.
Por otro lado, hace un mes el Congreso de la Nación aprobó una especie de moratoria previsional que consiste en un plan de pago de deuda previsional. Esta medida atiende a que puedan jubilarse alrededor de ochocientas mil personas. La mayoría de estas personas son mujeres. El FMI establece que hay que focalizar en esto también. Por ende, en la reglamentación, en la letra chica, debería reducirse la mayor cantidad posible de personas que reúnan las condiciones para acceder al derecho de percibir una jubilación.
Además de todo eso, se estableció una meta en términos de reservas que hay que cumplir. Eso mismo ha dado lugar a que el gobierno deba poner en marcha el dólar agro y buscar alternativas para hacerse de estos dólares que hoy le cuestan conseguir. Este tipo de cambio es un dólar diferencial para todo el sector agropecuario, pero que opera como una especie de devaluación porque llega a una gran porción de la producción de la Argentina.
Obviamente esto no es gratis. Ese dinero que hay que poner en manos del sector del agro tiene que salir de algún lado, es decir que tiene un costo para el Estado que tiene que financiar la diferencia de tipo de cambio. En síntesis, estos son algunos ejemplos de las medidas que el FMI recomienda tomar y que tienen consecuencias en el día a día de todas las personas de nuestro país. Y que no contribuyen ni al crecimiento, ni al desarrollo, ni a la mejora de la economía.
Argentina está en un momento muy crítico. Los datos de pobreza, que se publicaron hace poco muestran que cerca del 40% de la población está bajo la línea de pobreza, y que más del 54% de los niños y niñas y adolescentes es pobre. Sin embargo, paradójicamente, tenemos niveles de empleo y de participación económica récord. El nivel de desempleo es muy bajo, pero a costa de una gran precarización laboral y de salarios retrasados en poder adquisitivo producto de los altísimos niveles de inflación que estamos enfrentando.
Hay una combinación de factores que te dicen que el país no va a crecer, hay pobreza y una inflación de tres dígitos. Sumado a todo esto, nos enfrentamos a una gran sequía que provoca fuertes pérdidas en la cosecha. Esto podría representar una retracción muy grande en términos de PBI.
En este contexto, la pregunta que surge es ¿cómo va a hacer el país para acumular las reservas suficientes para hacer frente a sus compromisos con el FMI? Y no solo eso, sino también tiene que recortar los Potenciar Trabajo, que sostienen a los sectores más pobres, y limitar todo lo que podamos las moratorias, es decir dejar personas sin que se puedan jubilar
y que sean pobres también. ¿Cuáles son los planes de política social e inclusión en este marco? ¿Cómo se mejora el empleo y el salario?
Eso es lo que está sobre la mesa si el país decide intentar cumplir con las metas del FMI. Yo creo que es muy difícil cumplir con esto sin un gran costo económico y social.
Ahora bien, si uno mira los escenarios que se avizoran, hay muchas esperanzas (a futuro) acerca de los dólares que entrarían por el gasoducto y el petróleo. Pero ¿qué pasaría si se desata otra catástrofe climática como la sequía? Y ¿si se llegara a gestar un conflicto social porque la gente no llega a fin de mes y no tiene para comer producto de la inflación? O ¿qué pasa si, como dice Cristina, un par de vivos se hacen de esos dólares? ¿Qué vamos a hacer con las regulaciones del litio, por ejemplo? ¿Quién se va a quedar con las regalías, con las ganancias? ¿Cómo se va a controlar? ¿Para qué va a servir todo esto, habrá un fondo soberano para inversión social? Hay muchos desafíos, por eso se habla de policrisis.
Esos son los debates que hay que enfrentar hoy, en un contexto muy difícil en términos económicos y muy difícil en términos políticos. Tenemos un gobierno que está debilitado políticamente, con una oposición que está orientada hacia la derecha. Una derecha salvaje, no solamente en términos de la lectura muy neoliberal y ortodoxa que traen en cuestiones económicas, sino que incluso a veces ya salvaje en términos de planteos tales como “hay que quemar todo” o “prender fuego el Banco Central” o como dice el ex presidente Macri hay que “semidinamitar” casi todo.
Estamos frente a un conflicto abierto muy grande en términos económicos, con una dimensión política muy fuerte. En este momento conservar la calma y sentarse a pensar cuesta. En ese sentido, creo que lo que debería estar sucediendo en este momento es un consenso dentro del Frente de Todos, al menos en un par de puntos claves. Para luego sentarse con los equipos económicos de los principales candidatos opositores, porque gobierne quien gobierne el 10 de diciembre, algo hay que hacer con el contrato con el FMI y hay que hacerlo como país.
En otras palabras, cualquier coalición de gobierno que gane las próximas elecciones tiene que tener el apoyo de los otros sectores políticos. De otro modo, los que están en el medio y sufren las consecuencias son ese 40% de la sociedad que hoy está empobrecida.
En este sentido, ¿Qué estrategias te parece que debería tomar el gobierno de cara a las elecciones?
Un aspecto que me parece relevante tiene que ver con los cambios políticos que se sucedieron en la región, en Chile, Bolivia, México, Colombia y Brasil. Esto nos tiene que servir para buscar alianzas estratégicas a nivel regional, sobre todo en cuestiones relacionadas a Puesto que se viene una avanzada muy grande, tanto de China como de Estados Unidos en latinoamérica.
En este marco, es muy difícil que un país de manera aislada se niegue a recibir inversiones de carácter extractivo sobre los recursos; sobre todo con necesidades tan grandes como las de los países latinoamericanos por las grandes brechas de desigualdad, por la necesidad de divisas y por la pobreza estructural. En esta línea, una de las estrategias que también deberíamos empezar a profundizar, como país, son las alianzas regionales. Alianzas regionales para pensar cómo vamos a implementar impuestos o fondos soberanos para lidiar con las empresas que desean venir a hacer extractivismo con el litio, el petróleo, el gas, el hidrógeno verde, etc. Es decir, tomar posicionamientos sobre cómo nos vamos a plantar, sobre todo cómo nos vamos a posicionar Bolivia, Chile y Argentina con el tema del litio frente a esas grandes multinacionales que son tan fuertes.
Me gusta mucho una frase que usó Petro en su discurso de asunción en Colombia, él dijo que “no podemos pensar que la justicia social va a venir de los dólares que produce el petróleo”. Esto significa que no va a ser a costa de sacrificar nuestros recursos naturales y nuestro ambiente e ir en contra de todo lo que venimos haciendo para moderar el impacto del cambio climático que vamos a hacer políticas sociales que traigan la justicia social. Por eso creo que una alianza regional es indispensable para pensar estos temas. Y para poder sostener un horizonte de inclusión, igualdad y calidad de vida para nuestros pueblos.
